El informe 2012 de la organización Reporteros Sin Fronteras
sobre la libertad de expresión es demoledor: 90 periodistas asesinados y casi
300 encarcelados. Siria y Somalia son los países más mortíferos para quienes se
dedican a la profesión; sin embargo, es Turquía el lugar donde se encuentra el
mayor número de periodistas encarcelados. Los detalles del informe -de lectura
obligada- son abundantes y permiten comprender cuál es el reto que en materia
de información tienen naciones como México, proyectadas equivocadamente como
ejemplos de restricción informativa.
Y es que la realidad está llena de matices. Si bien en los
últimos años han sido asesinados decenas de periodistas y se han atacado varias
sedes de diarios y televisoras en el país, siendo el más reciente el secuestro con la posterior liberación de 5 trabajadores de El Siglo de Torreón, también es verdad que el derecho a la información permanece, se consolida y
paradójicamente sigue creciendo, no solo con el aplomo del gremio periodístico,
sino también por una creciente cultura formal e informal de la transparencia que demanda más información.
Además, la internet se ha convertido en catapulta para exigir tanto al
Estado como a distintas instancias sociales y empresariales mayor difusión de los recursos públicos.
En el contexto del informe de RSF, sin duda el periodismo mexicano está en alerta y así lo deja
entrever la percepción de la opinión pública nacional que ha aplaudido la
instalación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las Agresiones contra
Periodistas y Medios de Comunicación por parte de Senado mexicano.
No obstante, la crisis no está asociada al acceso a la información, cobertura, ni mucho menos por manejo de contenidos. En México disgustan, más que el ejercicio periodístico en sí, los
efectos que genera aproximarse a datos concretos para develar la verdad e
incluso opinar o hablar de ella; algo
distinto a la acción de reportear e investigar (materia de análisis del informe de RSF), hechos que no deben confundirse. Preciso: en nuestro país el problema no es indagar sino lo que se hace con el resultado de la
investigación.
Y no podría ser de otra manera porque hacer periodismo sigue
siendo algo lucrativo para los mexicanos. La apertura de más medios de comunicación
impresos y electrónicos, así como la autorización de nuevas concesiones en televisión
reflejan el futuro de esta actividad. Por ello el reto para nuestra sociedad no es de acceso
a la información sino del rechazo al conocimiento que genera el preiodismo, parte medular del proceso cognitivo que, por sí mismo, transforma la percepción de la realidad.
Es inocultable, pues, que se nos ha ido incubado un germen de
intolerancia hacia quienes no piensen o se manifiesten de forma distinta y que ésta crece cuando se busca con un sentido lógico y racional. Se
trata de una intransigencia innata a la naturaleza humana que las redes
sociales han multiplicado de muchas formas y que está tomando visos de violencia. Eso lo establece el mismo informe
de RSF donde se consigna, a nivel mundial, el homicidio de 48 internautas, así
como la creciente censura en varias naciones contra los flujos de información
electrónica.
Por estos motivos, la mejor aportación que tendrá la nueva
comisión senatorial radicará en comprender que México vive una profunda
contradicción en materia de comunicación: por un lado crece la profesión
periodística, se abren nuevos medios y la población busca participar de estos
movimientos emancipadores que la red alienta; del otro lado se impone un tamiz
de alta sensibilidad hacia la opinión de quienes piensan distinto o hacen con
los productos periodísticos críticas sistemáticas a los poderes fácticos. Esto
nos lleva a comprender que no se parte de cero para garantizar, más que el
derecho a informar, el derecho a decir lo que muchos no quieren leer ni
escuchar.
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