Medios que presionan y dictan línea

¿Hasta dónde puede llegar un empresario de la comunicación para concretar negocios rentables?  La respuesta la tiene Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y dueño de TV Azteca. Y es que ante la eventualidad de que la Comisión Federal de Competencia rechace la fusión de Iusacell y Televisa, el influyente empresario decidió acorralar al presidente de la CFC, Eduardo Pérez Mota, quien hace días reconoció públicamente que es sujeto de presiones “por parte de agentes económicos” que buscan influir para que ese órgano avale la solicitud de autorización. Esos “agentes económicos” en realidad eran empleados de Ricardo Salinas que, por lo visto, fracasaron en sus advertencias y amenazas. Por ello, el propio Salinas Pliego entró al quite y desde su cuenta de Twitter, en forma por demás cínica, ha presionado al funcionario para que se siente a dialogar con él sobre la eventual fusión que crearía un nuevo emporio de telefonía móvil en México. Textualmente uno de los mensajes liberados este viernes dice así: “EPM. Queremos un diálogo abierto y con razones. He cancelado las acciones legales que te preocupan. ¡Ojalá nos escuches!”. Por el momento, Pérez Motta ha rechazado la insinuación. El martes 24 de enero la CFC resolverá al respecto y veremos qué tanto afectaron las presiones. Sin embargo, resulta oportuno subrayar que no es la primera vez que Grupo Salinas presiona a servidores públicos; lo ha hecho en diversos momentos y últimamente el destinatario ha sido Mony de Swaan, titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, donde Salinas Pliego tienen otra querella contra Telmex, del poderoso Carlos Slim. Ojalá no se nos haga costumbre que empresarios e incluso medios de comunicación presionen a autoridades para la concreción de sus agendas propias. Los días 23 y 24 de noviembre del 2011, algo parecido se vió con el diario La Jornada, cuando de manera abierta, en primera plana, buscó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprobara un proyecto de resolución que daba la razón jurídica a la revista Letras Libres, con la cual tenía un litigio de 7 años. Son dos casos distintos, porque uno presiona por motivos de negocios y el otro por motivos ideológicos, pero ambos son cobijados en el mismo principio de usar el poder acumulado para definir políticas públicas.