Cámara oculta, ¿sí o no?

Los excesos del periodismo no se resuelven con prohibiciones, mucho menos haciendo tabla rasa a los linderos por los que pueden transitar los distintos géneros informativos de esta profesión. Por ello me parece desproporcionada la decisión del Tribunal Constitucional de España de prohibir el uso de la cámara oculta como recurso de investigación. Dice entre sus argumentos el Constitucional que al usar cámaras escondidas se lesiona el derecho a la intimidad y a la propia imagen del sujeto grabado.  Al Tribunal le preocupa el abuso de la cámara escondida al hurgar en el ámbito reservado y más íntimo de la persona. Sin embargo, la sentencia corre el riesgo de generalizarse.  Si bien es verdad que el empleo de este recurso ha sido excesivo para captar ciudadanos in fraganti, sobre todo en producciones de entretenimiento, también es verdad que a muchos reporteros de televisión les resulta imposible, e incluso riesgoso para su propia integridad, obtener imágenes de interés público en ámbitos de ilegalidad, abuso y violencia con una cámara profesional expuesta. Ha sido gracias a la cámara escondida que se han podido documentar actos de corrupción e incluso homicidios. Si se hubieran aplicado los argumentos de dicho Constitucional, muchas historias no se habrían contado ni exhibido.  Incluso se correría el riesgo de neutralizar el uso de las cámaras de vigilancia en hogares, instituciones, dependencias públicas, centros comerciales, medios de transporte y calles, cuando se trata de averiguar la identidad de delincuentes captados, precisamente, por esas cámaras. Estoy convencido que el mejor recurso sigue siendo la auto-regulación. Cada periodista, cada jefatura de información, cada medio de comunicación, están obligados a valorar la trascendencia de usar estas cámaras, caso por caso. Asumir los argumentos de la autoridad española, divulgados a partir de una denuncia polémica en donde una televisora usó cámara escondida, supone tejer un manto de impunidad -y en cierta medida de complicidad- con quienes delinquen amparados en garantías constitucionales. Tema polémico para debatir, sin duda.