¿Es en
verdad un tema de agenda nacional la llamada “democratización” de los medios de
comunicación? ¿Ha habido alguna vez un medio de comunicación “democrático” en
México? ¿Existe actualmente alguno? O dicho de otra manera: ¿Los procesos
democráticos pasan por los medios de comunicación?
Estas preguntas,
que pueden contestarse con suma facilidad, resultan pertinentes ante el
discurso político que últimamente se ha saturado con discusiones por demás bizantinas
que pretenden, desde una inocencia académica o partidista, “enmendar” la
inequidad editorial de los medios. Da pena escuchar al candidato de las llamadas
izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, a los jóvenes integrantes del
movimiento #YoSoy 132, así como a agrupaciones de comunicólogos, alentar
acciones para concretar este proceso no solo por su falta de consistencia sino
porque demuestran desconocimiento respecto a cómo operan los mass media en el
país y en cualquier otra parte del mundo.
Dicha
demanda, por sí sola, está llamada a fracasar una y otra vez, pues busca evitar
lo que de suyo es una característica de la comunicación: su parcialidad. Por
ello es pertinente formular una pregunta clave: ¿son parciales los medios? Por
supuesto que sí, de hecho, el ejercicio del periodismo es subjetivo. Constituye
una aproximación sesgada y llena de valoraciones hacia los hechos que se
consideran noticias. Y es que todo proyecto periodístico surge así: con un
punto de vista y con una agenda propia respecto a los temas de interés general.
Empero, los medios no son iguales entre
ellos.
A lo largo
del tiempo, en México se ha experimentado la construcción de proyectos
editoriales de diferentes calados confrontados por su manera de comprender y
asumir la información. Sin embargo, ha sido el mercado el que define la viabilidad
de cada uno. Sin duda no puede hablarse de medios sin lectores, escuchas o
televidentes y corresponde a éstos elegir entre las ofertas. Si algunos medios
tienen altos tirajes de circulación o elevados niveles de rating no es porque
sean “democráticos” sino porque han comprendido los requerimientos de las
audiencias a las cuales se dirigen. Y esto es igual para impresos o
electrónicos.
Sería
injusto desconocer, no obstante, que algunos de esos medios han impedido merced
al poder acumulado la aparición de nuevos
medios para evitar contrapesos y una
pérdida del mercado. Por ello, la tarea del Estado es alentar las reglas de
mercado para que el mayor número de proyectos editoriales vean la luz y
circulen en condiciones de seguridad en busca no solo de la información, sino
también de audiencias y clientes para alcanzar sustentabilidad.
Y, desde la
agenda partidista o política, si algunos actores estiman que ciertos medios los
denigran, están en todo su derecho de reclamar, exigir réplica y, en caso
extremo, acudir a los tribunales civiles para demandar reparaciones de daño.
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