Falsa protección de periodistas con nueva ley

Hace días entró en vigor la “Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Una herramienta que buscaría contribuir a detener y prever las agresiones que unos y otros enfrentan en el ejercicio de sus actividades. Sin embargo, no encuentro de qué manera pueda concretarse en específico la protección de periodistas y comunicadores, ya que realizan actividades muy distintas a los defensores de derechos humanos. De hecho, este es uno de los primeros desaciertos de la nueva ley: meter en un paquete conceptual a unos y otros.

También me resulta absurda la creación de una nueva entidad administrativa (no es la primera que se impulsa con este propósito de proteger periodistas), ya que descansa en una estructura que fácilmente puede burocratizarse, hasta perderse en los vericuetos de sesiones, consejos y disposiciones que, en la práctica, poco podrían prever homicidios o agresiones durante el ejercicio de las actividades profesionales.

Una Junta de Gobierno diseñada para emitir acuerdos que prevengan y protejan periodistas (así como defensores de derechos humanos) a nivel federal, no resuelve, insisto y subrayo, el acecho creciente que tienen los comunicadores en el ejercicio cotidiano de sus actividades, pues existe un abismo entre recomendar, crear o impulsar medidas de protección en casos concretos, frente a los hechos en los cuales no existían antecedentes de protección y las agresiones se presentan por primera vez.

Los artículos 32 y 33 prevén acciones como: evacuación, reubicación temporal, escoltas, entrega de equipos de telefonía móvil, instalación de cámaras de seguridad, chalecos antibalas y  autos blindados. La pregunta obligada es si con todas estas disposiciones puede ejercerse el periodismo, particularmente aquel que requiere de independencia y confidencialidad o que se dirige a documentar excesos en el ejercicio del poder.

Sigo creyendo que la mejor protección para los periodistas es la que se puedan proveerse ellos mismos y los medios para los cuales trabajan. Y también estoy cierto que no basta con asegurar la integridad física de un comunicador (sea reportero, camarógrafo, fotógrafo, comentarista o directivo de un medio), sin mejorar sus condiciones laborales, de ingreso y seguridad social.

No, definitivamente, la nueva ley de protección de periodistas no solo confunde y mezcla su trabajo con el de los defensores de derechos humanos; también empobrece la lectura de vulnerabilidad que supone ejercer esta profesión en México.